En Chihuahua

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo 61 mil 280 registros de delitos y carpetas de investigación abiertas. De esa cifra, sólo 2 mil 910 personas recibieron alguna condena por parte de un juez. Esto colocó a Chihuahua en la esfera de estados del país con un índice de impunidad alta, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México (IGI-Mex) 2018, de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap). El estudio del ISI-Mex 2017 había contemplado anteriormente a Chihuahua como uno de los estados con ‘impunidad media’, con un índice de 59.94 puntos. Sin embargo, el valor aumentó este año y Chihuahua fue categorizada como una entidad donde la deficiencia en la impartición de justicia es ‘alta’, con un índice de 61.1 puntos. Los datos del ISI-Mex 2018 indicaron que en Chihuahua hubo 61 mil 280 presuntos delitos registrados, de los cuales 45 mil 225 fueron carpetas de investigación abiertas de forma determinada. A partir de esa cifra, las causas penales se redujeron a 10 mil 220; es decir, un 78% por ciento de los casos fueron descartados en la etapa de averiguación previa por la ineficacia del trabajo del Ministerio Público. De esas causas penales, el juez procesó e imputó a 11 mil 706 presuntos autores del delito. De ahí se derivaron 3 mil 220 sentencias, para finalmente dictarles condena a sólo 2 mil 910 delincuentes. Es decir, de todos las denuncias interpuestas a la FGE, sólo el 4.74 por ciento de los implicados termina en prisión. A pesar de que en Chihuahua la población de jueces y personal trabajador del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por cada 100 mil personas es mayor que la media nacional, el estudio del IGI-Mex 2018 determinó que las causas de la impunidad en el estado radican en “la alta demanda de casos que tienen que atender, lo cual se ve reflejado en (...) el sistema de seguridad”. Esto se debe a que en Chihuahua existieron mil 651 delitos registrados por cada 100 mil habitantes, una tasa mayor a la del país, que es de mil 263 registros. De aquellos números, se determinó que la FGE concentró esfuerzos para el encarcelamiento por homicidio en un 69 por ciento, y en robo por un 25 por ciento; esto superó a grandes pasos a los mismos crímenes presentados en México, los cuales fueron sólo del 17 por ciento y 11 por ciento, respectivamente. “Además de la alta demanda de averiguaciones, procesamientos y sentencias que tiene que atender el Estado, éste también se ve rebasado en la dimensión estructural del sistema de seguridad, ya que estas variables indican que hay una insuficiencia de personal destinado a funciones de seguridad pública (55 por cada cien mil habitantes). Aunque este dato representa una mejora en comparación al año pasado (39), todavía se ubica muy por debajo de la media nacional que es de 179 por cada 100 mil habitantes”, explica en el documento. El estudio se realizó con base en datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estas evaluaciones se realizaron con el análisis de 34 indicadores sobre la impartición de justicia.